A medida que la “historia” se convierte en un concepto moderno de reflexión, las demostraciones que recurren a argumentos históricos quedan engullidas en un torbellino que lleva a la pluralidad de significados y se las puede utilizar para criticar las ideologías, pero a la vez se hacen propensas a caer en la ideología (KOSELLECK, R., 2004: 135). Si tal como parece eso ha sido así desde los inicios de la modernidad, en sociedades como las nuestras el doble uso de la historia, en el sentido apuntado por Reinhart Koselleck, gana un relieve público creciente a medida que se debilitan o desaparecen los modos tradicionales de transmisión colectiva de la memoria y se multiplican y se suceden las políticas de conmemoración de muy distinto carácter con fines de identidad comunitaria. En ocasiones semejantes, los poderes públicos interpelan y buscan el apoyo de una historiografía que es presentada ante la opinión como rigurosa, científica y capaz de desenmascarar las ideologías (de los otros), al tiempo que se utiliza como un refuerzo de la ideología (propia). Nada tiene de extraño, por tanto, que ese uso público de la historia (simultáneamente en una y otra dirección) vuelva a manifestarse en las últimas conmemoraciones, tal como ha ocurrido en un reciente coloquio. 

En el marco del trescientos aniversario de la caída de la capital del Principat en manos de las tropas de Felipe V, los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2013 tuvo lugar en Barcelona el simposio “Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014)”, organizado por el Centre d’Història Contemporània de Catalunya y por la Societat Catalana d’Estudis Històrics, dos organismos que dependen respectivamente de la Presidencia de la Generalitat y del Institut d’Estudis Catalans. El conjunto de actos institucionales y actividades que constituyen la agenda 1714/2014 de la Generalitat de Catalunya, con el lema “300 años de los hechos de 1714: recordando nuestra historia con la vista puesta en el futuro” (1), debía comenzar en enero de 2014, pero el Ayuntamiento de Barcelona se adelantó unos cuantos meses con la apertura el 9 de septiembre de 2013 del Born Centre Cultural. En el antiguo mercado del Born (el primer gran edificio del hierro en la ciudad condal, construido en la década de 1870), este gran espacio cultural permite en la actualidad, junto a otras muchas actividades, la visita a un yacimiento arqueológico descubierto en la década de 1990, muy rico en muestras de la vida cotidiana de la Barcelona de finales del siglo XVII y principios del XVIII, la ciudad sitiada y bombardeada en 1714 por el ejército del rey borbónico (2). La apertura del Born Centre Cultural sirvió el 9 de septiembre de punto de arranque del tricentenario y vino seguida, a finales de 2013, de la inauguración el 12 de diciembre del simposio “Espanya contra Catalunya”, a modo de preámbulo del conjunto de actos que terminarán en diciembre de 2014.  

En el marco de una conmemoración promovida y organizada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, el coloquio del pasado mes de diciembre es hasta el momento, de manera significativa, el acontecimiento que ha despertado mayor atención y controversia en los medios de comunicación. Meses antes del comienzo, y de que fuera posible por tanto conocer el contenido de las ponencias, el encuentro suscitó numerosas críticas, no sólo por el polémico título, sino también por la manera de anunciarlo y en especial por el lenguaje utilizado para dar cuenta del mismo. En el programa los organizadores fijaban como objetivo del simposio el análisis con criterios históricos, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, “de las consecuencias que ha tenido para el país la acción política, casi siempre de carácter represivo, del Estado español en relación con Cataluña”. Además de subrayar la transversalidad del congreso, desde el punto de vista temático, cronológico y disciplinar, con participación de historiadores, economistas, juristas, sociólogos y lingüistas, el prospecto proponía a los distintos ponentes analizar “las condiciones de opresión nacional sufridas por el pueblo catalán a lo largo de estos siglos, que habían impedido el pleno desarrollo político, social, cultural y económico de Cataluña”. Asimismo invitaba a incidir en los efectos de “la represión institucional, militar, política, administrativa, lingüística y cultural a lo largo de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI” y en las consecuencias de “los trescientos años de españolismo”. En el citado prospecto se mencionaba el hecho de la inmigración y la acción de la Iglesia (sin calificarlos), y se anunciaba un tratamiento específico de la falsificación de la historia, la censura sobre los medios de comunicación, la españolización del mundo educativo, la represión en el campo del derecho y los exilios que configuraban la historia de Cataluña, con una referencia expresa a la situación del País Valenciano y de las Islas Baleares (3).

Muy pronto las críticas procedentes del ámbito académico se manifestaron en los medios de comunicación. A principios de junio de 2013 se hizo pública la idea del coloquio y el primer programa empezó a circular. Casi enseguida, el diario El País se hizo eco de dos opiniones de destacados historiadores para quienes, con ese título, o bien no merecía la pena entrar a hablar del coloquio (John H. Elliot) o estaba clara la finalidad política nacionalista, contrapuesta a la obligación de los historiadores de conocer el pasado (José Álvarez Junco). Por su parte Josep Fontana, que el propio periódico presentaba como “uno de los historiadores catalanes de mayor prestigio y que dictará la lección inaugural”, confiaba en el rigor académico de las jornadas, a pesar del título “provocativo o desafortunado”, y en que se hiciera un análisis histórico y no político, porque “si yo viera que se trata de propaganda no iría” (El País, 6-VI-2013). Un día después, el mismo diario daba una amplia información de las jornadas y de los ponentes previstos, aludía al contexto de una conmemoración que debía iniciarse en septiembre con la inauguración del centro cultural en el antiguo mercado del Born y recogía las declaraciones de Jaume Sobrequés, uno de los dos principales responsables del coloquio, historiador, director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya y exdiputado socialista, que hacía poco había abandonado la militancia en su antiguo partido para apoyar a Convergència i Unió en las elecciones autonómicas de 2010. Sobrequés defendía un congreso organizado, en su opinión, con un absoluto “rigor científico y académico”, y consideraba adecuado el título, porque al término de la Guerra de Sucesión surgió una unidad política que “abolió las instituciones de Cataluña, Valencia, Aragón…Y es entonces cuando empieza esa represión”. Negaba que el simposio fuera partidista, que la historia debiera entenderse como una ciencia aséptica y que hablar de la represión sufrida en Cataluña en los últimos trescientos años por los sucesivos gobiernos y regímenes españoles resultara otra cosa que nombrar un hecho histórico, “una realidad rigurosa que se analizará con todos los matices”. Descalificar el coloquio y a los ponentes le parecía “de un españolismo recalcitrante”. Por último, asumía toda la responsabilidad del encuentro y afirmaba que Francesc Horms, portavoz del gobierno catalán y secretario general de la Presidència de la Generalitat (organismo del que depende el Centre d’Història Contemporànea), era ajeno a lo decidido por los organizadores del simposio (El País, 7-VI-2013). 

De nuevo, pocos días antes del comienzo del coloquio, en la rueda de prensa de presentación de que dio cuenta la prensa el 9 de diciembre de 2013, Jaume Sobrequés, en compañía ahora de Joandomènec Ros i Aragonès, biológo y presidente del Institut d’Estudis Catalans, la otra entidad responsable, defendió la adecuación del título a una “realidad indiscutible” e insistió en que se trataba de un encuentro “científico y académico”. Aprovechó la expectación inusual en los medios de comunicación para rechazar las críticas de carácter marcadamente político y para denunciar la “operación de propaganda” de algunos historiadores y partidos dirigida contra el simposio (La Vanguardia, 9-XII-2013). Varias intervenciones recientes de destacados líderes del Partido Popular en el parlamento catalán y en los medios de comunicación habían acusado al gobierno de la Generalitat de hacer “pedagogía del odio” contra España y de utilizar las instituciones para “manipular” a los catalanes, al tiempo que advertían al president Artur Mas de que no habría diálogo con el gobierno de España a menos que suspendiera el coloquio (Publico.es, 9-XII-2013). La politización en vísperas de la inauguración del encuentro llegó a extremos insólitos en sociedades democráticas: nada menos que el portavoz del grupo parlamentario del Partit Popular de Catalunya, a partir de ciertas frases del prospecto, del programa con las ponencias, de las declaraciones de los responsables y de un artículo del historiador Josep Fontana (a cargo de la conferencia inaugural) publicado en El Periódico de Cataluña el 11 de marzo de 2013, titulado “La deriva nazi del Partido Popular”, presentó el 10 de diciembre una denuncia ante la fiscalía por “manifiesta provocación e incitación al odio”, con la finalidad de esclarecer unos hechos “que pudieran ser constitutivos de delito tipificado en el Código Penal” (4). Como era previsible, la denuncia del PP y las presentadas también en el mismo sentido por otros dos partidos, Ciutadans y UPyD, fueron archivadas por la fiscalía (El País, 25-I-2014).

 El 11 de septiembre, un día antes de la inauguración, El País dedicó un amplio espacio a la opinión de “historiadores y expertos” sobre “el maniqueísmo de un congreso envenenado”, como lo definía el titular de la noticia. En este caso el rechazo se sustentaba en la opinión de “grandes historiadores catalanes y del resto de España” (Ricardo García Cárcel, Borja de Riquer, Joaquim Albareda, José Álvarez Junco, Enric Ucelay-Da Cal, Andreu Mayayo), que coincidían en lo desafortunado del título y mostraban su desacuerdo con los planteamientos (El País, 11-XII-2013). Las críticas de estos expertos en vísperas de la inauguración del simposio remarcaban sobre todo el uso político de la historia, inferido del lenguaje de los organizadores, pero sus posturas en relación con el fenómeno del catalanismo eran muy diferentes. Un par de meses antes dos de ellos, Borja de Riquer y Joaquim Albareda, habían publicado en el mismo periódico un artículo de opinión, “Todo vale contra el catalanismo”, en el que rechazaban de plano las ideas expuestas por otro historiador, Gabriel Tortella, en “El tigre que nunca debió salir de la jaula”. Para este último, los historiadores catalanes estaban ofreciendo una interpretación llena de falsedades y victimismo (El País, 19-IX-2013). Borja de Riquer y Joaquim Albareda señalaban que, con independencia del concepto que en 1714 se tuviera de lo que era una nación, entonces “las instituciones catalanas lucharon por salvaguardar sus Constituciones, su sistema representativo y por las libertades de toda España, frente a la imposición de un modelo de Estado absolutista que acabó con la monarquía plural de los Austrias”. También consideraban falso, como había escrito Tortella, que el recuerdo de la derrota y de las libertades perdidas no apareciera hasta finales del siglo XIX, por cuanto estuvo presente en protestas y memoriales a lo largo del ochocientos y en las intervenciones de parlamentarios catalanes desde las Cortes de Cádiz y durante el siglo XIX, o que la unión llevada a cabo por los Reyes Católicos hubiera creado la nación española. Semejante planteamiento era calificado por Borja de Riquer y Joaquim Albareda de “esencialista” y desacreditado en los ámbitos científicos internacionales. Terminaban de esta forma su artículo: “Todo vale con tal de no atender a una realidad que se soslaya reiteradamente en el artículo (de Gabriel Tortella), lo que ha pasado los últimos 10 años: sentencia del Tribunal Constitucional que laminó el Estatuto refrendado y aprobado por el Parlament y las Cortes y liquidó el espíritu de entendimiento de 1978; incumplimiento sistemático por parte del Gobierno de Madrid de las inversiones previstas en ese Estatuto, etcétera, etcétera; y que, a consecuencia de todo ello, hoy la mayoría de los catalanes sea partidaria de ejercer el derecho a decidir. Apelar a la corrupción, ampliamente extendida por toda España, o a la muy discutible gestión del Gobierno actual de CiU, no constituye ningún argumento válido a la hora de analizar el incremento del soberanismo y aún menos para menospreciarlo” (El País, 26-X-2013).

En consecuencia, el coloquio también recibió la crítica de historiadores que habían polemizado con otros historiadores a propósito de la representación del pasado catalán y español. El título del encuentro le parecía a Borja de Riquer “erróneo, equívoco y poco prudente”, mientras Joaquim Albareda manifestaba su desacuerdo con el establecimiento de unas conclusiones a priori “sobre una realidad que siempre es compleja y cambiante” y que además confundía España con sus grupos dirigentes, así como la política con la historiografía, algo poco acorde con el enorme prestigio de la historiografía catalana, a que tanto habían contribuido los maestros Vicens Vives, Pierre Vilar o Josep Fontana (El País, 11-XII-2013). Sin embargo, semejante crítica no era óbice para que ambos historiadores rechazaran, con argumentos de tipo histórico, la campaña de ataques a la identidad catalana que, según Borja de Riquer y Joaquim Albareda, promovía la ideología nacionalista española y no respondía a criterios científicos. En sentido contrario iba la opinión de otros dos historiadores, Gabriel Tortella y Guillermo Pérez Sarrión, en sendos artículos publicados también en el diario El País meses antes del congreso. Este último, en su respuesta a Borja de Riquer y Joaquim Albareda, consideraba que cuando la historia está al servicio de una causa, en este caso la del nacionalismo catalán, pierde credibilidad y se llena de los prejuicios de una “historiografía militante”, distanciándose así de la historiografía profesional que no es nacionalista y desde Ranke pretende “conocer los hechos tal como ocurrieron”. Por tal motivo, Pérez Sarrió entendía que los historiadores deberían negarse a colaborar en congresos como el titulado “Espanya contra Catalunya: una mirada histórica (1714-2014)”, que pone “la investigación histórica al servicio de la actual estrategia política de CiU y el sector nacionalista del PSC” (Guillermo Pérez Sarrió, “Cataluña y la pasión por la causa”, El País, 14-XI-2013).

¿Historiografía “profesional” y “científica” frente a historiografía “militante” y “nacionalista”? Los historiadores mencionados hace un momento son profesionales reconocidos, su investigación tiene una larga trayectoria y sus publicaciones gozan de prestigio en el medio académico. ¿Se puede acusar de “pasión por la causa” a quienes participan en un simposio del que se sospecha su intencionalidad política, tanto por el título y el lenguaje utilizado, como por el apoyo de la Generalitat, en un momento en que en Cataluña se reivindica el “derecho a decidir” y la “vía soberanista”? Si es así, semejante denuncia debe hacerse igualmente en el caso de otras conmemoraciones, como la que en 2008 tuvo lugar en Madrid a propósito del bicentenario del dos de mayo y del comienzo de la Guerra de la Independencia (1808-1814). Los actos fueron también promovidos y apoyados por el poder político (la Comunidad de Madrid), el hecho histórico recibió un significado nacional supuestamente objetivo y un congreso de historiadores destacó en el conjunto de las actividades realizadas. Asimismo, la continuidad histórica, hasta llegar al presente, fue considerada por los promotores de la conmemoración un hecho evidente e incuestionable, como consta en los objetivos de la Fundación “Dos de Mayo, Nación y Libertad”, constituida en agosto de 2007 por la Comunidad de Madrid para organizar los actos conmemorativos del bicentenario del 2 de mayo y los de la Constitución de 1812. Se trataba de “impulsar y difundir los valores de nación y libertad que simboliza esa fecha histórica de la que somos herederos en nuestra Constitución de 1978” (5). La “memoria de actividades 2008” comienza con las siguientes palabras de Esperanza Aguirre, destacada militante del PP, ex ministra de Educación en el primer gobierno de José María Aznar y presidenta entonces de la Comunidad de Madrid y de la Fundación “Dos de Mayo, Nación y Libertad”: “El levantamiento del pueblo madrileño el Dos de Mayo de 1808, que marca el inicio de la Guerra de la Independencia, constituye un acontecimiento trascendental en la Historia de España. La lucha contra la invasión napoleónica constituye la primera expresión contemporánea de la Nación española. A la conciencia y el orgullo de pertenecer a una patria con una larga historia que compartían desde muchos siglos atrás, los españoles vinieron a sumar con los acontecimientos de 1808 la aspiración de convertirse en dueños y artífices del destino de su Nación”. La Fundación, según se indica en esa memoria de actividades, colaboró en la financiación de la publicación y divulgación de las actas del Congreso internacional del bicentenario, que se celebró del 8 al 11 de abril de 2008 y en el que participaron numerosos historiadores. Por más que el título de este coloquio fuera más aséptico, a diferencia del recientemente celebrado en Barcelona, la intencionalidad política de los promotores salta a la vista. En ambos casos, sin embargo, y en otros muchos, sería arbitrario separar a los historiadores en función de su participación o no en conmemoraciones oficiales. En primer lugar porque no depende de ellos el haber sido o no invitados, aunque la selección de los organizadores no sea inocente, por supuesto, y diga cosas acerca de sus criterios: en el de Barcelona, por ejemplo, no contaron con Borja de Riquer ni con Joaquim Albareda (6). En segundo lugar, resultaría hipócrita rasgarse las vestiduras cuando en la profesión suele ser frecuente participar en los congresos y en las publicaciones que las conmemoraciones hacen posibles gracias al apoyo de los poderes públicos. Por último, uno siempre puede decir que es responsable del contenido de su ponencia, no de las intenciones más o menos políticas de la conmemoración oficial, como han hecho (y no les falta razón) algunos de los ponentes del simposio catalán. 

Sin embargo, “Espanya contra Catalunya” ha provocado un amplio e intenso rechazo, poco frecuente en este tipo de congreso, por dos motivos de distinto carácter que se han dado en esta ocasión. Por una parte, del lado sobre todo de los historiadores de dentro y fuera de Cataluña, como acabamos de ver, debido a un lenguaje excesivamente simplista y condicionado por el momento presente, manifiestamente ideológico-político y lejos de la ponderación necesaria para el análisis histórico y de la complejidad de la realidad histórica. En ello insistieron, en julio de 2013, un editorial de la revista de alta divulgación histórica L’Avenç y, en noviembre de 2013, el Cercle de Cultura, la asociación presidida por el editor Pere Vicens Rahola, hijo del historiador Jaume Vicens Vives, y cuyo vicepresidente es Xavier Bru de Sala (primer presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Generalitat y actual comisario del Año Espriu).  El Cercle de Cultura mostró su preocupación y su desacuerdo, dado el apoyo institucional de la Generalitat al mencionado simposio, por la falta de criterio integrador a la hora de “reafirmar al mundo y a nosotros mismos las razones y voluntades de los catalanes de cara a resolver nuestro porvenir colectivo” (La Vanguardia, 28-I-2013). En cuanto al editorial de la revista L’Avenç, correspondiente al número del mes de julio de 2013, en él se criticaba  el uso de un “vocabulario presentista”, históricamente inadecuado, así como el hecho de que en el prospecto parecieran adelantarse las conclusiones del coloquio, lo que hacía temer que se tratara más de propaganda política que de debate académico. Sin embargo, añadía a continuación, aun cuando se discrepara del título y de un planteamiento tan poco sutil, no había que olvidar lo siguiente. No sólo el Estado español se ha construido en muchos aspectos contra la realidad nacional catalana, vista como una anomalía inhóspita, sino que también el anticatalanismo forma parte de la cultura política española, como la elección del presidente del Tribunal Constitucional acababa de poner en evidencia. Si el Estado español hubiese ido a favor de Catalunya, la realidad del soberanismo sería hoy muy distinta (7).

De este modo, se hizo patente una percepción ampliamente compartida en la sociedad catalana de nuestros días, que nos lleva no sólo a lo que está ocurriendo dentro de ella en los últimos años, tal como pone de relieve el auge del independentismo, sino también (esta vez fuera de Cataluña, es decir en buena parte de España) al rechazo frontal de la reivindicación soberanista de muchos catalanes y al inusual revuelo en los medios de comunicación provocado por un congreso que (antes de su comienzo) se sospechaba al servicio del independentismo. El mismo día de la inauguración, el 12 de diciembre, el coloquio adquirió un gran protagonismo en los periódicos editados en Madrid y en Barcelona y los titulares resultan suficientemente ilustrativos (8). Los de Madrid decían lo siguiente: “CiU se queda sola en su defensa del simposio ‘España contra Cataluña’” (El País), “Mentiras del nacionalismo catalán. Convergencia distribuye un panfleto lleno de falsedades sobre una idílica Cataluña independiente” (ABC), “‘Los imperialistas españoles quieren liquidar a Cataluña’. El portavoz de la Generalitat exacerba la confrontación del simposio del ‘odio’” (La Razón). Por el contrario, en los periódicos catalanes se dio noticia de la inauguración del simposio bajo encabezamientos como “300 anys de fets Espanya contra Catalunya” (El Punt Avui), “Agrio choque por el simposio Espanya contra Catalunya” (La Vanguardia) o “Josep Fontana: ‘La nuestra es una historia de perseguidos, más que de perseguidores’” (El Periódico publicó un artículo de réplica del citado historiador al ataque que un día antes había recibido en el diario La Razón).  

En dicho contexto, sobre todo a resultas de lo ocurrido durante y más aún después de la reciente reforma del Estatuto catalán, las relaciones entre Cataluña y el Estado español se han vuelto a hacer muy conflictivas. De insoluble había calificado el filósofo José Ortega y Gasset semejante problema, cuando el estatuto catalán de autonomía se debatía en el Parlamento de la Segunda República, pero la recuperación de la autonomía catalana y su desarrollo dentro del marco constitucional y democrático español después de 1978 parecían ir por el camino de resolver el antiguo conflicto del modo propuesto por Manuel Azaña en un famoso discurso también de 1932 (véanse ambos en AZAÑA, M., ORTEGA Y GASSET, J., 2005). Sin embargo, en los últimos años, la situación ha experimentado un cambio drástico. En septiembre de 2005 el Parlament aprobó una reforma del Estatuto catalán de autonomía que avanzaba en el reconocimiento de la identidad nacional catalana, delimitaba las competencias del Estado y de la Generalitat, se atribuía nuevos derechos, sobre todo en los terrenos fiscal, administrativo y judicial, y establecía el deber de conocer el catalán. Poco después, con importantes modificaciones sobre el texto original, el Congreso de los diputados y el Senado del Estado español aprobaron la reforma y esta recibió, en junio de 2006, el refrendo popular en Cataluña. Publicada oficialmente como ley orgánica, la presentación de varios recursos llevó a la intervención del Tribunal Constitucional, que admitió la impugnación del Partido Popular y a principios de julio de 2010 hizo pública la sentencia con anulación total de un artículo de la reforma estatutaria y parcial de otros trece (El País, 9-VII-2010).

Poco más de medio año antes de que esto ocurriera, en noviembre de 2009, doce diarios con sede en Cataluña publicaron, en catalán o en castellano, un editorial escrito conjuntamente titulado “La dignidad de Cataluña”, que tuvo gran repercusión dentro y fuera de España. En él destacaban que era la primera vez, desde la restauración democrática de 1977, que el Alto Tribunal se pronunciaba sobre una ley fundamental refrendada por los electores y que esa situación inédita era de por sí motivo de preocupación por dos motivos. En primer lugar, porque el Tribunal Constitucional se convertía de hecho en una cuarta cámara (por encima del Parlament de Cataluña, de las Cortes Generales y de la voluntad ciudadana expresada en las urnas), pero además porque lo hacía muy debilitado, dada la falta de acuerdo entre el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y la oposición del PP que había impedido la renovación de varios jueces cuyo mandato hacía tiempo que expiró. En segundo lugar, porque el dilema real en estos momentos, proseguía el editorial conjunto de los diarios catalanes, era “avance o retroceso” en el Estado de las autonomías. Estaba en juego la propia dinámica constitucional, “el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición”. La decisión iba a repercutir en el marco de convivencia español, producto de unos pactos que “han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España”. Hay preocupación en Cataluña y también algo más: “un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada arcaica de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad”. Por ello conviene que se sepa que estos días “los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad” (La Vanguardia, 26 de noviembre de 2009).

El editorial de los doce diarios catalanes en defensa de la reforma del Estatut recibió el apoyo del presidente de la Generalitat de Catalunya (entonces el socialista José Montilla), de la mayoría de los partidos políticos catalanes, de los sindicatos y, en total, de más de dos centenares de asociaciones y entidades de Cataluña de muy distinto carácter. Por el contrario, los diarios madrileños, en especial El Mundo, La Razón y ABC, entendieron que se trataba de una presión intolerable sobre los jueces del Tribunal Constitucional y respondieron con una defensa de la Constitución en la que no tenía cabida ninguna nación que no fuera la española, ni tampoco los “privilegios” que pretendían obtener los catalanas. De paso, aprovecharon para atacar una vez más al gobierno de Rodríguez Zapatero y del PSOE, por su irresponsable decisión de aprobar lo que viniera de Cataluña, y al gobierno de José Montilla y su política lingüística, que “ha erradicado el castellano de las aulas y hasta de los patios de escuela”, según el diario El Mundo. Siete meses más tarde, el fallo del Tribunal Constitucional (adelantado el 28 de junio y hecho público el 9 de julio) no sólo anuló un artículo y trece de manera parcial, sino que también interpretó otros impugnados por el PP que se consideraron  constitucionales y sentenció algo que produjo un gran malestar en Cataluña: “Carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto de Cataluña a ‘Cataluña como nación’ y a ‘la realidad nacional de Cataluña’”. El Alto Tribunal expresamente decía que “la Constitución no conoce otra que la nación española” (9). Dicho pronunciamiento fue recibido con indignación en Cataluña y con satisfacción en el resto de España, según el resultado de una encuesta que se hizo poco después de haberse filtrado la sentencia a los medios de comunicación (El País, 4-VII-2010). Más tarde, el 10 de julio, vino la manifestación más multitudinaria en Barcelona de todo el periodo democrático (así al menos informaron muchos medios de comunicación y entre ellos El País), el triunfo electoral de CiU el 28 de noviembre, la investidura de Artur Mas el 23 de diciembre de 2011 como presidente de la Generalitat y la Diada independentista del 11 de septiembre de 2012. Tras el fracaso de la reunión entre Mariano Rajoy y Artur Mas para lograr un pacto fiscal, la convocatoria de nuevas elecciones al Parlament tuvo el 25 de noviembre de 2012 resultados muy negativos para CiU, que perdió la mayoría absoluta, y favorables por el contrario a Esquerra Republicana de Catalunya, que se convirtió en la segunda fuerza política, por delante del PSC. El pacto de CiU y ERC a favor del “derecho a decidir” trajo el 23 de enero de 2013 la “declaración soberanista” del Parlamento catalán, que declaró Cataluña “sujeto político y jurídico soberano” (recurrido por el gobierno español y anulado por el Tribunal Constitucional), la creación por parte de la Generalitat del Consejo Asesor para la Transición Nacional y la exhibición de fuerza del independentismo con el apoyo masivo a la cadena humana en la Diada del 11 de noviembre de 2013 (El País, 12-IX-2013). Un mes después de esta Diada se celebró el simposio “Espanya contra Catalunya”.

Si el contexto catalán y español estaba tan marcado, como acabamos de ver, por lo sucedido en 2010 en relación con la reforma del Estatut y por la “vía catalana a la independencia” en 2011, 2012 y 2013, resultaba previsible la politización de un simposio que debía tener lugar en diciembre de este último año. Por muy académico que se concibiera, aun con un título más afortunado y sin conocer el contenido de las ponencias, un coloquio cuyo objetivo era analizar los trescientos años de represión de Cataluña por parte del Estado español tenía un claro significado ideológico-político en semejante coyuntura. Cierto es que estudiar la persecución de la identidad histórica, cultural y política catalana desde los tiempos de la monarquía de Felipe V, como intentaron hacer en sus intervenciones algunos de los ponentes, no debía necesariamente llevar a ponerse al servicio de otra causa que no fuera la del conocimiento histórico. El hecho de hablar de identidades colectivas (perseguidas o no) resulta un lugar común en la historiografía académica, si estas se conciben de un manera dinámica y cambiante, no “por naturaleza” o de forma fija. Uno de esos ponentes, el historiador medievalista Antoni Furió, en un artículo de cierta extensión titulado “Inquisició preventiva”, publicado con posterioridad al coloquio (FURIÓ, A., 2013 / 2014: 141-148), hace una defensa del coloquio “Espanya contra Catalunya” y una crítica a quienes se manifestaron en contra del mismo y a buena parte de la historiografía española reciente. Tras dejar clara su postura en el sentido de que tanto España como Cataluña o el País Valenciano no son “entidades inmanentes que se remontan a la noche de los tiempos”, sino “realidades históricas”, así como también las ideas y los conceptos que nos hacemos de esas realidades, considera que esta obviedad está lejos de serlo en la historiografía española. Su concepción esencialista de la nación española no sólo se manifiesta en aquellos historiadores y publicistas (Ricardo de la Cierva, Pío Moa, César Vidal, Federico Jiménez Losantos) que han hecho de la historia de España “un arma ideológica” al servicio del franquismo o del neofranquismo. También está presente en la historiografía académica, afirma Furió, y pone como ejemplo el grueso volumen publicado en 2013 Historia de la nación y del nacionalismo español, en el que escriben Juan Pablo Fusi, Andrés de Blas Guerrero, Ricardo García Cárcel, José Álvarez Junco, Javier Varela, Fernando García de Cortázar y Santos Juliá, entre otros. Estos historiadores no tienen problema en colaborar en una obra que, según los editores de la misma, reivindica la idea de España como una nación que hunde sus raíces en una larga historia de vínculos y lealtades compartidas, una nación por tanto vieja y continua. Ni siquiera los historiadores más dispuestos a una “actitud empática” con los catalanes, escribe Furió, críticos a su vez con el nacionalismo español (Juan Sisinio Pérez Garzón o Eduardo Manzano), se resisten a cuestionar la idea misma de España como nación. Por ello, el título del polémico congreso le parece doblemente acertado, porque esa España se ha construido contra Cataluña (y las Españas no castellanas) y porque la idea nacional que la sustenta se ha desarrollado y continúa haciéndolo contra Cataluña y las otras Españas. 

Ahora bien, una cosa es estudiar la represión de la cultura catalana y tomar en consideración las distintas formas e intensidades de dicho fenómeno en el Estado español, y otra muy diferente dar por sentado que esa represión fue uniforme, continua en el tiempo y que necesariamente derivó de la idea de España como nación y de la existencia de un Estado-nación llamado España. Hay otras “Españas”, pero también otras “Catalunyas” y no sólo la de quienes conciben su identidad nacional propia en conflicto irresoluble con la española. Tanto en Cataluña como en España las identidades respectivas han sido concebidas de muy diferentes maneras desde 1714 hasta nuestros días y durante estos trescientos años no faltaron propuestas intelectuales e intentos políticos e institucionales de hacerlas compatibles. De ese tenor fueron los pactos que trajeron la Constitución de 1931, en la Segunda República, y la Constitución de 1978, así como los estatutos de autonomía de 1932 y de 1979. Por cuestionados y limitados que a muchos catalanes les parezcan hoy los derechos reconocidos en la reforma estatutaria de 2006 y aun cuando resulte evidente que en España persiste la negativa a institucionalizar la identidad catalana como nacional, no puede negarse la enorme distancia que nos separa de los años del franquismo, ni me parece que la situación actual sea una herencia del triunfo borbónico y de la imposición de los decretos de Nueva Planta. Al darle al hecho histórico de la represión en Cataluña un significado que borra las diferencias entre épocas históricas, entre gobiernos y sistemas políticos del Estado español y entre ideologías y posturas intelectuales e historiográficas sobre la cuestión nacional dentro y fuera de Cataluña, el uso que se hace de la historia académica y profesional no sólo sirve para la crítica de la ideología que niega la represión como hecho histórico y sólo concibe la existencia de una nación en España. También contribuye al refuerzo de una ideología que en estos momentos está convencida de que resulta imposible el encaje de la identidad catalana dentro de España y es preciso ir a la independencia. El doble uso de la argumentación histórica, para la crítica de la ideología nacionalista española y para el refuerzo de la ideología nacionalista-independista catalana, ha estado presente en las intervenciones de no pocos de los ponentes en el citado congreso, al menos por lo conocido hasta ahora (10), pero habrá que esperar a la publicación de las actas para poder hablar con mayor propiedad de esto último. 

Al decir lo anterior no pretendo hacer creer que el verdadero historiador ha de estar al margen de las ideologías, porque ese historiador no existe. Me limito a constatar que suele ser más fácil ver ideología en otros historiadores que en uno mismo y que a estas alturas sorprende la capacidad de convicción y la repercusión que tiene, tanto en el medio académico como en el espacio público y en el terreno político, la retórica de la historia rigurosa, científica y objetiva, y del hecho histórico tal como ocurrió, irrefutable e incontrovertible. Si como recientemente ha puesto de relieve el director de cine Asghar Farhadi en su excelente película Le passé (2013), el pasado es tan opaco o más que el futuro, la mejor manera de curar el dogmatismo y la manía de utilizar el pretérito para dar certidumbre a nuestras visión del mundo es dejar claro desde el principio que los historiadores nos movemos en un terreno incierto y en el que nunca estamos seguros. Algo que deberíamos tener presente tanto en la investigación y en la enseñanza de la historia, como en los congresos de tipo académico.